El Supremo descarta que el Estado tenga que indemnizar a los hosteleros por el cierre d…

El Tribunal Supremo (TS) ha descartado que la Administraci√≥n General del Estado tenga que indemnizar a los hosteleros por los da√Īos sufridos a ra√≠z del cierre de locales consecuencia del estado de alarma durante la pandemia de la COVID-19.

Publicidad 241170

Los magistrados han desestimado el primero de los recursos en los que una empresa de hosteler√≠a reclabama al Estado que le indemnizara por los da√Īos sufridos al acatar la normativa que impuso –entre otros extremos– la suspensi√≥n temporal de su actividad empresarial.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han recordado que, aunque esta es la primera vez que el alto tribunal resuelve sobre este asunto, la resolución que ha trascendido este martes marca el camino a seguir en el resto de reclamaciones que serán miles.

Publicidad 190497

El alto tribunal, que ha dado la raz√≥n al Estado, ha explicado que la responsabilidad patrimonial exige una antijuricidad y que en este caso los da√Īos sufridos por los hosteleros no son antijur√≠dicos porque las medidas adoptadas por la Administraci√≥n del Estado para hacer frente al coronavirus fueron “necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situaci√≥n”.

El Supremo ha recodado, adem√°s, que –aunque los reales decretos del estado de alarma se declararon parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC)– fue la propia corte de garant√≠as la que afirm√≥ que esa inconstitucionalidad no era por s√≠ misma t√≠tulo suficiente para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Publicidad 254573

REPARACI√ďN CON AYUDAS P√öBLICAS

En 89 folios, los magistrados han recalcado que “la sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes p√ļblicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos”. As√≠ las cosas, han se√Īalado que “la v√≠a de reparaci√≥n o minoraci√≥n de los da√Īos para aquellos que los padecieron con mayor intensidad, de ser procedente, tiene que ser la de las ayudas p√ļblicas –que se concedieron ampliamente–, pero no la responsabilidad patrimonial”.

Publicidad 252811

En este sentido, han descartado la pretensi√≥n de una empresa que pretend√≠a “fundar la responsabilidad en la supuesta existencia de un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses econ√≥micos leg√≠timos que resultaron afectados de manera especial, en relaci√≥n o comparaci√≥n con otros sujetos a los que tambi√©n estuvo dirigida la referida normativa”.

En su respuesta, la Sala ha subrayado que “las restricciones y limitaciones contenidas en los reales decretos de estado de alarma tuvieron car√°cter general, con m√ļltiples e indeterminados destinatarios, y con numerosos sectores econ√≥micos y empresariales afectados”, por lo que “no se puede deducir la singularizaci√≥n pretendida” por la compa√Ī√≠a.

BLACK  Renfe proh√≠be el acceso con patinetes el√©ctricos a todos sus trenes tras las explosio...

Adem√°s, el tribunal ha hecho hincapi√© en que los reales decretos de los estados de alarma no contemplan medida inmenizatoria alguna y que ello se fundamenta en las previsiones de la Ley General de Salud P√ļblica, que excluye que la Administraci√≥n deba indemnizar los gastos causados por las medidas adoptadas para preservar la salud p√ļblica.

En la resoluci√≥n, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Lesmes, el Supremo tambi√©n ha hecho referencia al Derecho de la Uni√≥n Europea, que determina que, en los casos en los que la salud humana est√° en riesgo, quien reclama una indemnizaci√≥n debe acreditar que las medidas adoptadas carec√≠an de justificaci√≥n, idoneidad y razonabilidad, y ha insistido en que esa acreditaci√≥n “en modo alguno se ha efectuado en este proceso”.

NO VE ACREDITADA FALTA DE PREVISI√ďN

La Secci√≥n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisi√≥n despu√©s de que a finales de septiembre y principios de octubre sus magistrados escucharan a las defensas de varias compa√Ī√≠as y a la Abogac√≠a del Estado en una serie de vistas que celebraron para fijar su criterio sobre estas reclamaciones patrimoniales y determinar si el art√≠culo 3.2 de la ley del estado de alarma obliga a la Administraci√≥n a indemnizar a las empresas afectadas.

En la primera de las vistas dos empresas del sector de la hosteler√≠a y la restauraci√≥n defendieron ante el Supremo sus argumentos y esgrimieron –entre otras cuestiones– la falta de previsi√≥n del Gobierno que, a su juicio, pudo haber adoptado medidas menos restrictivas antes del 14 de marzo.

El caso ahora resuelto corresponde a una de esas dos empresas, el hotel Alhambra Palace de Granada, que reclamaba 417.316,70 euros –m√°s intereses– por los perjuicios sufridos a causa del cierre obligado entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, alegando “un funcionamiento anormal del servicio p√ļblico de alertas y emergencias sanitarias, sin que exista fuerza mayor que excuse a la Administraci√≥n”, al “no encontrarnos ante un suceso imprevisto, ins√≥lito y con efectos inevitables”.

El Supremo ha descartado las alegaciones de la compa√Ī√≠a al considerar que no se ha realizado un m√≠nimo esfuerzo probatorio que permita llegar a la conclusi√≥n de que los retrasos e incumplimientos administrativos provocaron los da√Īos que se dice haber sufrido.

“CIRCUNSTANCIAS DE IGNORACIA E INCERTIDUMBRE”

En su an√°lisis, el tribunal ha aclarado que la pandemia fue un claro caso de “fuerza mayor” porque “constituy√≥ un acontecimiento ins√≥lito e inesperado en el momento en el que surgi√≥ y por la forma en la que se extendi√≥ por todo el planeta en sus primeros momentos, inicio y desarrollo completamente ajeno a la actividad de las administraciones p√ļblicas”.

BLACK  Renfe proh√≠be el acceso con patinetes el√©ctricos a todos sus trenes tras las explosio...

Al hilo, ha precisado que la pandemia, como causa de fuerza mayor, no excluir√≠a la responsabilidad patrimonial del Estado si √©ste hubiese hecho frente a la COVID-19 de forma insuficiente, desproporcionada o irrazonable, pero ha insistido en que las medidas adoptadas fueron “necesarias, adecuadas y proporcionadas”.

En respuesta a la compa√Ī√≠a que reclamaba ser indemnizada, el Supremo ha apostillado que, “aunque algunas pandemias son previsibles y permiten actuaciones preventivas por parte de las autoridades sanitarias, como ocurre anualmente con la de la gripe, la provocada por el virus SARS-COV-2, no pudo serlo por tener unas caracter√≠sticas totalmente desconocidas en el momento de su aparici√≥n, como sus efectos sobre la salud humana”, lo que “la hizo inevitable e incontrolable inicialmente, fuera del c√≠rculo de actividad de las administraciones p√ļblicas.

En este marco, el tribunal ha resaltado que “cuando se est√° frente a un proceso de toma de decisiones, generalmente hay un campo que se deja al azar al analizar las consecuencias, debido a circunstancias de ignorancia o incertidumbre”, subrayando que, “en materia de salud p√ļblica, este rango de incertidumbre y de azar se constituye en un riesgo para la salud que no se puede asumir y que el principio de precauci√≥n busca eliminar al imponer la toma de medidas necesarias”.

En este punto, ha enfatizado que “la enfermedad derivada del COVID-19, como enfermedad infecciosa altamente transmisible por v√≠a a√©rea y a trav√©s del contacto personal, no solo conllev√≥ un alto riesgo para la salud humana derivado del elevado √≠ndice de propagaci√≥n sino y, adem√°s, un riesgo de colapso de los servicios sanitarios tal como de hecho sucedi√≥, asociado todo ello a un incremento de la mortalidad y morbilidad”.

Ha hecho hincapi√© adem√°s en que “para juzgar el acierto o desacierto de las medidas adoptadas por los poderes p√ļblicos en los primeros meses de pandemia”, “no podemos estar a los conocimientos cient√≠ficos actuales sino a los existentes cuando la pandemia comienza a desplegar sus efectos”.

“Es por ello por lo que el mantenimiento de la integridad f√≠sica de la poblaci√≥n y el derecho a la protecci√≥n de la salud p√ļblica otorgan cobertura constitucional y legitiman las restricciones en el ejercicio de determinadas actividades econ√≥micas”, ha concluido.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *